ROTATIVO/Redacción
La detención de Rafael Zaga Tawil en Florida no es, por ahora, un terremoto judicial. Es algo más peligroso: una historia incompleta, con nombres conocidos, miles de millones de pesos en el aire y una narrativa lista para ser utilizada.
Porque en política no siempre importa lo que está probado, sino lo que puede insinuarse.
El caso revive un episodio turbio del Infonavit: contratos, cancelaciones y una indemnización multimillonaria que hoy huele más a operación que a error administrativo. En ese contexto aparece el nombre de Alejandro Murat Hinojosa, quien dirigía el instituto cuando se firmaron los acuerdos. Y ahí comienza el juego.
Seamos claros: hoy no existe imputación formal en su contra. No hay orden de aprehensión, ni carpeta judicializada, ni señalamiento directo de la Fiscalía. En términos legales, Murat no está acusado. Punto.
Pero en términos políticos, eso no lo salva.
Porque su nombre encaja perfecto en una narrativa que no necesita sentencia: la del pasado que saqueó instituciones. Y en ese relato, los matices sobran.
Aquí no hay casualidades. Morena tiene en este caso una oportunidad discursiva inmejorable: miles de millones, un empresario detenido en Estados Unidos y un periodo perfectamente identificable. No importa si Murat es hoy cercano o distante, útil o incómodo. En la lógica del poder, nadie es intocable si sirve para reforzar el mensaje.
Y en Oaxaca, el asunto tiene otra lectura. Murat no es un exgobernador retirado. Es un actor con red, memoria y capacidad de operación. Golpear su nombre, aunque sea por asociación, debilita su margen de maniobra. A algunos les conviene. Mucho.
Por eso este caso no debe leerse como expediente judicial, sino como herramienta política en potencia.
La verdadera incógnita no está en lo que ya se sabe, sino en lo que podría decir Rafael Zaga Tawil. Si decide callar, todo quedará en escándalo mediático y desgaste controlado. Si decide negociar, el tablero puede moverse.
Pero incluso en ese escenario, hay que decirlo: los dichos no son pruebas. Y en México, la distancia entre acusación y condena suele ser abismal… o selectiva.
Hoy, el caso Zaga no es un misil. Es algo más útil: una bala en la recámara.
Y en la política mexicana, esas no se disparan por accidente.